Código y nombre. 0046-21: Crisis económica, Covid-19 y teorías de la justicia.
Responsable. Esteban Aguilar Ramírez.
Vigencia. 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2024.
Resumen
El presente proyecto pretende analizar las consecuencias sociales de la crisis económica en la que se encuentra el país y que ha sido agravada por la pandemia del Covid-19, y cuáles serían las salidas más justas de la misma. Este proyecto procura a través de la revisión de algunas de las posturas más relevantes dentro de las teorías de la justicia, encontrar respuestas y formular propuestas que puedan brindar alternativas desde el punto de vista de la filosofía, para solventar o aportar en las soluciones de uno de los problemas más graves que enfrenta el país. Además de tomar en cuenta los resultados expuestos en uno de los artículos desarrollados en el marco de un proyecto anterior denominado "Las elecciones presidenciales en Costa Rica en el año 2018: Un análisis desde la filosofía política de John Rawls", código SIA: 0083-19, donde se analiza la manera en que se utilizó la crisis económica y fiscal del 2018 en las elecciones realizadas en el mismo año, por parte de los partidos políticos aspirantes a la presidencia, desde la óptica de Justicia Distributiva expuesta por John Rawls. Esta idea expuesta por el filósofo estadounidense nos permite definir un punto de partida para los análisis que se pretenden desarrollar en esta investigación.
Objetivos
General
- Analizar la crisis económica que atraviesa el Estado Costarricense y que ha sido agudizada por la Pandemia del covid-19, desde las distintas ópticas que se desprenden de las principales teorías de la Justica, en pos de la elaboración de una alternativa política justa para la superación de esta.
Específicos
- Identificar las principales teorías de la justicia y los argumentos más relevantes de estas, para la construcción de un marco teórico que permita una adecuada sustentación filosófica para el análisis de la crisis económica del Estado costarricense y sus posibles soluciones.
- Indagar cuales son las principales alternativas que se han planteado respecto a la crisis económica que atraviesa el Estado costarricense y cuáles argumentos de las distintas teorías de la justicia se ajustan mejor a la realidad política, económica y social que atraviesa el país.
- Compilar distintas propuestas o alternativas en pos de la superación de la crisis económica del Estado costarricense presentadas hasta el momento por los distintos actores sociales.
Descripción del problema
Este proyecto permite dar continuidad a la investigación realizada durante los años 2020 y 2021 sobre la Teoría de la Justicia de John Rawls, denominado "Las elecciones presidenciales en Costa Rica en el año 2018: Un análisis desde la filosofía política de John Rawls" y en especial a uno de los artículos enfocado en el tema de la crisis fiscal del año 2018, su posterior crisis económica y la idea de la justicia distributiva presente en la obra del filósofo estadounidense. Debido a esto, y a la importancia de su trabajo, hemos definido partir de la obra de Rawls para realizar esta investigación, y apoyarnos adicionalmente en algunas de las teorías que mayor relación han guardado con "Teoría de la Justicia", como lo son la obra de Robert Nozick, Gerald Cohen, Amartya Sen y Martha Nussbaum.
En el año 2020 con la llegada del Covid-19, la crisis económica que atravesaba el país desde años atrás se ha visto agravada y las políticas económicas que se intentan implementar para dar solución a este problema parecen no ser suficientes y tampoco medianamente justas. Debido a la descomposición social que esto ha generado, el incremento de la pobreza y la desigualdad y la normalización de la precariedad laboral, surge el cuestionamiento de sobre el papel que puede desempeñar la filosofía en la construcción de soluciones y salidas justas ante un escenario que parece no tener una salida sencilla.
Las distintas posiciones que han hecho escuchar en la esfera pública costarricense se han dirigido principalmente en dos direcciones; una que acusa la ineficiencia del Estado como la responsable de la crisis económica que enfrente el país, y otra que se enfoca en los enormes índices de defraudación fiscal (evasión y elusión fiscal) que aquejan a la hacienda pública. La primera ha sido la que más ha ocupado la atención de los medios de comunicación costarricense, quiénes han brindado amplios espacios a economistas y otros expertos para exponer las razones por las cuáles encuentran en el Estado al mayor responsable de la situación económica del país. Los llamados a la privatización de distintas instituciones públicas, al recorte de lo que han denominado privilegios laborales y salarios abusivos de los empleados públicos, a la implementación de un salario único en el sector estatal, y demás formas de implementar “recortes al gasto”, además de ondear la bandera de “No más impuestos”, son los principales puntos en agenda que se han mencionado para solventar la crisis fiscal.
Por otro lado, los grupos que se han enfocado en el tema de la defraudación fiscal y el incremento de la desigualdad social no han disfrutado de los mismos espacios que sí han gozado los voceros de las posiciones anteriores. Economistas defensores del Estado Benefactor, Sindicatos y empleados públicos, se cuentan entre los principales representantes de esta segunda postura. La apuesta por una recaudación de impuestos más eficaz, la activación de mecanismos que permitan una mayor distribución de la riqueza, la eliminación de exenciones fiscales y otros beneficios para reducción de impuestos, así como llamar la atención sobre la creciente desigualdad, son algunos de los principales puntos que se desprenden de sus comunicados, publicaciones en redes sociales o limitadas participaciones en los medios de comunicación más importantes del país.
Lo anterior, acrecentó la ya existente polarización social, entre quienes acusaban a los empleados públicos (en su totalidad) de ser poco solidarios ante la crisis económica y además les señalaban como los verdaderos culpables de la situación fiscal del país, y quienes no estaban de acuerdo con premisa, o sea, los propios empleados públicos en su mayoría. La batalla entre empleados públicos y privados parece ser el resultado de una cobertura mediática que al repetir insistentemente los argumentos que señalan a los empleados públicos y sus salarios, les han convertido en una especie de enemigos públicos. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya que analizar el trabajo y el sistema de remuneraciones de las instituciones públicas, principalmente entre los altos jerarcas de diversas instituciones, miembros de juntas directivas (principalmente de bancos), o miembros de los tres poderes de la República (ministros, viceministros, asesores, diputados, alcaldes, magistrados, el mismo presidente de la República, entre otros), y de esta manera evitar abusos y actos de corrupción en beneficio propio o en beneficio de terceros (sean empresas privadas o personas particulares)
Ante este panorama, volver la mirada a las teorías de la justicia y a los argumentos de distintos filósofos como John Rawls, Robert Nozick o Gerald Cohen nos parece una opción razonable debido al trabajo que han realizado respecto a la desigualdad social, el papel del Estado o la justicia distributiva. Así como la relevancia de la toma de decisiones justas y en búsqueda de la mayor igualdad posible.
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